EL GOBIERNO TOMA LA INICIATIVA PARA ACABAR CON LOS CONTRATOS TEMPORALES NO JUSTIFICADOS

Recientemente, el Gobierno ha anunciado un paquete de medidas que van a ser propuestas a los interlocutores sociales en la Mesa de Calidad en el Empleo, con el objetivo de, según ellos, luchar contra la temporalidad injustificada en el mercado laboral y fomentar la estabilidad en el empleo.

De conformidad con la normativa laboral española, la regla general es el carácter indefinido de los contratos de trabajo, los cuales no deben estar sometidos a causa alguna para su celebración. Por el contrario, los contratos de duración determinada (temporales) requieren de la existencia de una causa concreta y determinada para su celebración, lo que hace que los mismos tengan la consideración de “excepcionales”.

La utilización en fraude de ley de los contratos temporales, por ser destinados en ocasiones para cubrir realmente necesidades permanentes de la empresa, y no situaciones temporales, es una cuestión frente a la que las distintas administraciones públicas, vienen luchando desde hace tiempo.

A lo largo de los años se han venido implantando distintas medidas legales, tanto para desincentivar la contratación temporal a favor de la indefinida (por ejemplo, mediante el incremento de los costes de la Seguridad Social de los contratos temporales o las bonificaciones para la contratación indefinida), así como para evitar el uso fraudulento de los contratos temporales (distintas campañas de la Inspección de Trabajo, limitación del encadenamiento de contratos, etc.)

Concretamente, dentro de las diferentes medidas propuestas, cabe destacar, la propuesta de modificación del régimen de sanciones administrativas por utilización indebida de las modalidades contractuales, la cual puede dar un giro radical a la bolsa existente de temporalidad injustificada.

Con la implantación del nuevo régimen de sanciones, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podría imponer la referida multa económica (entre los 626 y los 6.250 euros), por cada uno de los contratos temporales en fraude de ley afectados.

No obstante lo anterior, a día de hoy, únicamente se trata de una mera propuesta que se encuentra encima de la mesa de los interlocutores sociales, por lo que habrá que esperar para ver en qué se traduce concretamente la misma.